Buenos Aires, 27 febrero (NA)–La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria para el 3 de marzo al ex titular del INET y actual jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, en una causa por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina. La medida fue dispuesta en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir del pedido formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, también fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante por hechos ocurridos entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, cuando se desempeñaban en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación y Deportes. La imputación sostiene que, desde sus funciones, realizaron contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas. La maniobra consistió en la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la ley 22.317. La investigación señaló que los servicios contratados presentaban irregularidades, baja calidad, inconsistencias en fechas y falta de respaldo documental. El monto acreditado del presunto perjuicio ascendió a $2.854.405, cifra que actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación alcanzó los $16.515.389,42. Sin embargo, la fiscalía entendió que los fondos fueron utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma. En los tres casos acreditados, el dinero que dejó de ingresar al Estado se destinó a las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL.
